Revelaciones de Washington sobre el papel del Ejército en Acteal
Hermann Bellinghausen
Tarde o temprano, los archivos hablan. Escamoteados, mutilados, editados, se presume que controlados, llega el día que se fisuran y pueden despertar crímenes políticos del pasado. Ahora lo vemos con uno de los más dolorosos en tiempos recientes: la masacre de Acteal. A dos semanas del controvertido dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que liberó a 20 paramilitares y repuso el proceso a otros más, incluyendo a asesinos confesos, el asunto toma derroteros inesperados.
Se desarrolla un escenario político que no fue considerado por los desenterradores mediáticos y jurídicos de Acteal. Mientras éstos desdeñan sistemáticamente en prensa, radio y televisión la mera posibilidad de responsabilidad oficial y de las fuerzas armadas, sin argumentos y de un manotazo, aparecen reportes en Estados Unidos que abren la ventana documental que confirmaría lo que se registró en La Jornada entre 1997 y 1998, sobre la participación militar y policiaca, con base en un plan contrainsurgente para combatir a las comunidades zapatistas de Chiapas.
Ello, justo ahora que hasta el PRI se desmarca de las acciones del gobierno de Ernesto Zedillo en aquel entonces, y hasta sugiere que debería ser investigado. Eso parece que bastará para impedir que Emilio Chuayffet (secretario de Gobernación cuando ocurrió la masacre) se convierta en su líder en la nueva Cámara de Diputados. Hay indicios de que el salinismo resucitado no quiere cargar los muertos del zedillato, aunque Chuayffet sea carta de Enrique Peña Nieto, por aquello de la familia mexiquense.
La investigadora Kate Doyle, directora del Proyecto México en el Archivo de Seguridad Nacional, en Washington, reveló documentos desclasificados de la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA) de Estados Unidos que describen el papel del Ejército federal en el apoyo a los grupos paramilitares en Chiapas en el momento de los asesinatos. Los cables secretos confirman los reportes sobre el apoyo militar a los grupos indígenas armados que llevaron a cabo ataques contra comunidades prozapatistas. También reviven un asunto latente, dice Doyle: ¿Cuándo dirá la Sedena la verdad sobre su papel en Acteal? (The National Security Archive, 20 de agosto).
Doyle señala que los documentos contradicen la historia oficial sobre la masacre, elaborada por el gobierno de Zedillo, que la reducía a un problema local, intercomunitario. En un telegrama a la DIA en Washington, el 4 de mayo de 1999, la oficina del agregado de Defensa de Estados Unidos en México señaló “el ‘apoyo directo’ del Ejército a grupos armados en las áreas montañosas de Chiapas, donde tuvieron lugar las matanzas”. El documento describe “una red clandestina de ‘equipos humanos de inteligencia’ (Humint), creados a mediados de 1994 con la aprobación del entonces presidente Carlos Salinas, que trabajaban en las comunidades indígenas para recabar información de inteligencia de los ‘simpatizantes’ zapatistas”. Para promover grupos armados antizapatistas, los Humint daban entrenamiento y protección contra los arrestos por parte de las agencias del cumplimiento de la ley y unidades militares que patrullan la región.
La investigadora precisa: Aunque el cable fue escrito en 1999, el agregado estadunidense tuvo cuidado en señalar que oficiales de inteligencia del Ejército federal estaban supervisando a los grupos armados en diciembre de 1997. El documento ofrece detalles nunca antes mencionados en las versiones oficiales. Los equipos de inteligencia humana, explicaba el agregado militar, estaban compuestos por oficiales jóvenes con rango de capitán, y algunos sargentos que hablaban los dialectos de la región. Estos Humint, integrados con tres o cuatro personas, eran asignados a comunidades selectas por tres o cuatro meses y luego rotados a una comunidad diferente.
Y no sólo. Ya en otro informe de la misma oficina militar de la embajada estadunidense en México, enviado el 31 de diciembre de 1997, se describía el despliegue de tropas federales en las zonas de conflicto de Chiapas. Citando fuentes secretas y abiertas, el documento indica que el presidente Zedillo envió miles de efectivos más a la región después de la masacre de 45 indígenas el 22 de diciembre de ese año. Las nuevas unidades estaban en alerta para participar en caso de un posible levantamiento. (Informe a la DIA, divulgado por el Archivo de Seguridad Nacional bajo un requerimiento amparado en el Acta de Libertad de Información, FOIA, y difundido en Washington en febrero de 2008).
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